Olvida federación los derechos humanos

El Seguro Social y el Instituto Nacional de Migración son las autoridades del Gobierno federal que encabezan las denuncias por violación a los derechos humanos en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con información emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el transcurso del año 2023, al Seguro Social se le realizaron 100 denuncias por presunta violación a los derechos fundamentales, que equivale al 33 por ciento de todos los casos registrados en la entidad.

Ante la CNDH se presentaron quejas en contra del Seguro Social por omitir proporcionar atención médica, por la falta de honradez en los servidores públicos al desempeñar sus funciones, por omitir el suministro de medicamentos o presentar indebidamente un servicio público.

Para la Secretaría de Relaciones Exteriores, la mayoría de los casos denunciados en Tamaulipas son por violar los derechos de los migrantes y sus familiares, faltar a la honradez al momento de desempeñar un cargo público.

También se suman las denuncias en contra de Relaciones Exteriores la incomunicación de éstos o la omisión de brindar asesoría jurídica o información en el desarrollo de un proceso migratorio.

Otra de las dependencias que fueron denunciadas en el estado de Tamaulipas son la Secretaría de Bienestar, de los cuales la mayoría de los casos encontrados son de los derechos de los adultos mayores, seguido de omisiones en el respeto de los derechos humanos.

A nivel nacional, Tamaulipas ocupa el sexto lugar con mayor cantidad de dependencias del Gobierno federal denunciadas por presunta violación a los derechos humanos, en donde el primer puesto lo ocupa la CDMX, con 1691casos, seguido de Chiapas, con 479; el Estado de México, con 470 expedientes, seguido de Veracruz y Sonora.

Una vez que una queja por violación de los derechos humanos es recibida por la CNDH, esta inicia un proceso de atención y asesoría en contra del quejoso; se realiza también una investigación sobre el caso para determinar las acciones a seguir.

En caso de que se compruebe la violación de los derechos fundamentales se emite una recomendación, la cual se gira en contra de la autoridad con una serie de recomendaciones para evitar se vuelvan a repetir estos hechos.