Secretario de seguridad pública omite normativa de protección civil

Lo más fácil para el secretario fue eliminar los anuncios de salida de emergencia para continuar con la puerta cerrada, pero aún continúa incumpliendo con una norma de protección civil nacional.

El día de ayer informamos sobre el mal acto y la falta a las normas de Protección Civil Nacional cometidas en las instalaciones de seguridad pública municipal que ponen en riesgo al personal y a los ciudadanos que acuden a la dependencia a realizar algún trámite o a realizar el pago de alguna multa administrativa, esto en caso de que suceda un siniestro o situación de emergencia en el inmueble.

La falta es por el cierre con candado y obstaculización de una salida de emergencia con unas salidas, siendo cometida, y quien dio la orden para dichos actos fue el secretario de seguridad pública municipal Geovanni Barrios Moreno, quien con estas malas acciones pone en riesgo a personal y ciudadanos, por lo que se hizo el llamado al personal de protección civil del Estado y municipal para la revisión y verificación de las oficinas, como lo hacen en los diversos negocios.

Cabe hacer mención de que, tras la publicación de estas malas acciones en el impreso de esta casa editorial, al día siguiente se observó y quedó registrado que el secretario de seguridad pública Barrios Moreno solicitó al personal quitar las sillas y con ello los señalamientos de la salida de emergencia, para hacer la cancelación de este acceso de emergencia.

Pero aún continúan siendo una falta, ahora más grave, a las normas de protección civil nacional por la falta de señalización y el cierre de una salida de emergencia; estas normas se rigen por la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres que establece la coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir y atender desastres. Incluye la obligación de prever recursos y seguros para emergencias.

La Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres establece esta normatividad como una falta de gravedad porque pone en riesgo a personas, por lo que puede llevar una sanción para los servidores públicos implicados a un procedimiento administrativo interno que deriva en amonestaciones, suspensión o destitución de sus cargos.