Violan amparo

La violación flagrante al amparo promovido por el empresario Hildebrando Deandar Ayala que declara mediante el juicio de amparo indirecto con clave 2762/2022 que ordena dejar insubsistente el Oficio SFT/DI/1191/2022 de fecha 14 de octubre de 2022 frente a los reclamos de pago de derechos, actualizaciones y recargos por ocho estructuras (puentes peatonales) con vigente la donación y contrato al 27 de mayo del 2028.

Nuevamente en una violatoria a la sentencia judicial y la vigencia del recurso de amparo promovido el 4 de noviembre de 2022. El Ayuntamiento de Reynosa procedió a colocar sellos de clausura en los puentes peatones, De los cuales aún está vigente el contrato de donación.

El ordenamiento de la autoridad municipal incurre en un delito grave, pues por tratarse de un recurso de protección al demandante, y que pertenece este beneficio contemplado en el Código Penal Federal, en consecuencia, su violación u omisión corresponde a un delito del orden federal.

Dicha omisión a la Ley, se agrava cuando se trata de un servidor público quien incurre en tal violación, pudiendo promoverse su inhabilitación y prisión mediante un juicio a solicitud del Ministerio Publico ante la falta a un ordenamiento judicial.

Juan Uriza Lara, abogado penalista expuso que la violación a un beneficio de amparo expedido por un Juez de Distrito, representa un delito grave, si es un servidor público quien comete dicha falta, puede enfrentar un proceso penal y la inhabilitación de su cargo.

"Como consecuencia jurídica por la violación a una resolución de amparo, si es cometida por un servidor público, implica su separación de su cargo y puede ser sujeto a un proceso penal, pues el amparo está previsto como instrumento en el Código Penal Federal y su competencia es del orden federal, es decir se finca como delito federal", asentó.

La Ley de Amparo está ligada con el Código Penal Federal, por consiguiente, su violación y omisión en perjuicio del defendido promoviente, es un delito federal que en caso de ser un servidor público el responsable, amerita la separación de su cargo público y ser sujeto a proceso penal.

Es necesario asentar que en la sentencia de amparo y protección al empresario Hildebrando Deandar Ayala, fue emitida por el Juez de Distrito Octavo. Faustino Gutiérrez Pérez, quien además notifica la protección en contra de la notificación de citatorios y actas levantadas por el Notificador, Verificador y Ejecutor de su adscripción, por ser consecuencia legal del oficio reclamado