Encubrimiento ‘de alto nivel’ en la Marina

MÉXICO.

Más de dos años después de que Armando Humberto del Bosque Villarreal fuera víctima de desaparición forzada en Nuevo León, un juzgado civil ordenó la formal prisión de cinco marinos como presuntos responsables de ese delito de lesa humanidad, documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

La dilación para consignar el caso y apresar a los marinos se explica por la “protección al más alto nivel, posiblemente hasta el secretario de la Marina (Vidal Francisco Soberón), quien no es ajeno a los graves abusos que han cometido sus elementos”, dice en entrevista Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), organización que documentó los hechos.

El martes 8 y el miércoles 9, el juez tercero de Distrito Penal en Nuevo León ordenó la formal prisión para el capitán de corbeta de la Secretaría de Marina (Semar) Raúl Enrique Sánchez Labrada y para los marinos Renato Juárez Arellanes y Alfi Ahumada Espinoza, así como el cabo de comunicaciones Carlos Adán Verduzco Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, tercer maestre administrativo.

Se les señala como presuntos responsables de la desaparición forzada de Del Bosque Villarreal, quien fue detenido el 3 de agosto de 2013 y cuyos restos fueron hallados dos meses más tarde en las inmediaciones de un campamento de la Marina cercano al poblado de Colombia, Nuevo León, y a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los elementos de la Semar rindieron su declaración preparatoria por exhorto a través de una videoconferencia en el Juzgado Octavo de Distrito en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México y fueron internados en el penal del Campo Militar Número Uno.

Para este caso, consignado el 19 de enero último por la Procuraduría General de la República (PGR), el juez negó la aprehensión del teniente de Navío de Infantería José Domingo Sánchez Salinas, del segundo maestre de administración ¬Ivanhoe Manuel Cisneros Chinchillas y del cabo David Sotelo Mendoza, señalados por el Ministerio Público federal como presuntos responsables de encubrimiento. 

OBSTÁCULOS  A LA INVESTIGACIÓN

Del Bosque Villareal fue detenido por el capitán Sánchez Labrada y personal a su cargo en la cabecera municipal del municipio de Anáhuac, Nuevo León, después de que el hombre de 33 años presentara ante la Policía Municipal una queja por allanamiento y daños en su propiedad en contra de un vecino que resultó ser informante de los marinos.

El padre de la víctima, Humberto del Bosque Gutiérrez, atestiguó la detención y obtuvo de Sánchez Labrada el compromiso de liberar a su hijo, pero más tarde el oficial y la Semar negaron tener conocimiento del caso al responder a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la PGR.

El cadáver del joven, con huellas de tortura y un disparo en la sien, fue hallado por cazadores el 3 de octubre de 2013.

A la negativa del juez de procesar a personal de la Semar por encubrimiento, se añade que la PGR abrió un nuevo expediente por la muerte de Del Bosque Villarreal en vez de añadirlo al de la desaparición forzada, “lo que implica que tendremos que esperar por lo menos otro año para que lo consigne y se busque a los culpables”, lamenta Ramos Vázquez.

Además, mientras la causa penal se sigue en Monterrey, los denunciantes se encuentran en Nuevo Laredo y los inculpados en el Campo Militar. Por eso el presidente del CDHNL insiste en que se trata de “un encubrimiento que viene de los más altos mandos superiores de las oficinas de la Semar, en la Ciudad de México”.

Abunda: “Cuando denunciamos a ese capitán (Sánchez Labrada) de manera pública, lo primero que hicieron (los mandos de la Semar) fue sacarlo de la región donde operaba, que comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila,  y lo enviaron, tengo entendido, a Baja California y después a diferentes regiones navales para obstruir las investigaciones de la PGR. 

“Cada vez que solicitaba su comparecencia o una ubicación, tardaban meses en responder que no estaba localizable y lo iban a buscar. Fue una obstrucción de la justicia del más alto nivel de la Marina, y es un tema que seguramente lo vamos a tratar a instancias internacionales”.

–Cuando habla del más alto nivel, ¿se refiere al secretario de la Marina? –plantea la reportera.

–Sí, definitivamente. En la Semar la información es vertical, a diferencia de otras instituciones, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyas regiones o zonas militares tienen cierta autonomía en el mando. Pero en la Semar no. Todo se informa al mando superior, de donde salen las órdenes, tanto de los operativos como las respuestas a la PGR. 

El defensor apunta que la relevancia de la detención de Sánchez Labrada radica en que puede ser procesado por al menos cinco desapariciones forzadas más ocurridas en Nuevo Laredo entre julio y agosto de 2013, documentadas por el CDHNL. Esos casos tienen el mismo patrón que el de Armando Humberto: “los detienen y después niegan los hechos” (¬Proceso 1921).

Es más, agrega, “se le debe investigar por su paso por Monclova –de  donde venía antes de llegar a la región de Nuevo Laredo y Colombia–,  donde hay cientos de desaparecidos, ciertamente no todos atribuibles a la Marina; hay casos en los que se señala a otras fuerzas federales y a la delincuencia”. 

Para Ramos Vázquez el arresto del oficial y sus subalternos abre una oportunidad de acceder a información que se ha mantenido vedada para la sociedad. 

“Sánchez Labrada es una pieza del rompecabezas de impunidad que implica a las Fuerzas Armadas en la tragedia de las desapariciones forzadas, de la que no tenemos aún el panorama del tamaño de la gravedad en México durante al menos los últimos nueve años”, agrega el presidente del CDHNL.