Protestan en la sede policiaca por supuesto hombre arrestado
Familiares denuncian que policías exigían una fuerte suma de dinero por dejar en libertad a detenido
Los familiares se manifestaron en las instalaciones de Seguridad Pública donde fueron atendido por el delegado de la Policía Estatal quien se comprometió ayudarlos.
Una familia se manifestó en las instalaciones de Seguridad Pública, donde se encuentra la sede de la Policía Estatal, en busca de alguna respuesta sobre el paradero un hombre que fue detenido hace 10 días por presuntas autoridades estatales quienes le exigían una fuerte suma de dinero para dejarlo en libertad.
Por lo que los protestantes fueron atendidos por el delegado de la Policía Estatal quien se comprometió con los afectados a darle seguimiento al caso.
La protesta inició a las 11:30 horas de ayer en el edificio municipal ubicado en el bulevar Hidalgo con calle Nayarit, de la colonia Rodríguez.
Con diversas cartulinas en las manos, la familia se instaló en el portón de la entrada y salida de unidades oficiales, incluso no dejaron que una patrulla saliera en ese momento.
Los manifestantes solicitaban hablar con alguno de los encargados de la Policía Estatal para que les informaran que había pasado con Roberto Carlos Merino García, de 30 años, quien presuntamente había sido detenido el pasado 12 de abril en la colonia Reserva Territorial Campestre, por presuntas autoridades estatales.
Los familiares de la víctima dijeron que ese día arrestaron a Roberto Carlos porque andaba en estado de ebriedad y que varios vecinos observaron cuando se lo llevaron los policías a bordo de la unidad de la Policía Estatal, con el número económico 1494.
Indicaron que luego les hablaron por teléfono a la esposa de Roberto Carlos para exigirles 200 mil pesos a cambio de dejarlo en libertad.
Comentaron que continuaron una negociación con las personas, quienes bajaron la suma a 100 mil pesos y luego a 50 mil pesos, dinero que no pudieron juntar y ya no se comunicaron y fue que lo empezaron a buscar ante las distintas autoridades estatales y federales.
Desesperados por lo que estaba pasando y al no encontrar una respuesta, acudieron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) y ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a denunciar los hechos.
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