Urgen abatir la impunidad

INFORMAN. El nuevo SNA debe corregir la abundante impunidad administrativa y penal.

Cd. de  México

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción debe corregir la impunidad administrativa y penal que se deriva de las auditorías que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que año con año reporta irregularidades sin que éstas sean sancionadas, consideraron ayer diputados de distintos partidos políticos.

Si no hay sanciones, señaló la diputada de Morena, Araceli Damián, los pliegos de observaciones y las irregularidades penales que encuentra la ASF en la revisión de la Cuenta Pública quedan como meras anécdotas de cada ejercicio fiscal.

“Ese es el diseño actual de cómo está la persecución de delitos relacionados con el mal uso de los recursos que se derivan de las cuentas públicas, porque si bien, la Auditoría puede hacer esta revisión, está en manos de la Procuraduría General de la República el investigar y castigar a los funcionarios públicos”, indicó la legisladora, quien es integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

Se publicó ayer que año con año la ASF realiza observaciones sobre los mismos programas, en los cuales ha detectado riesgos de un uso inadecuado de los recursos, en tanto que de las 664 denuncias penales que ha presentado de 1998 a la fecha, la PGR tiene pendientes de resolver 607.

El diputado priista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es vicecoordinador parlamentario de su partido, señaló que en la propuesta original del Ejecutivo para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se prevé un mecanismo más expedito para que la PGR atienda las denuncias de la ASF, pues en ella se toman como pruebas plenas las auditorías ya practicadas, eliminando la necesidad de que la PGR las repita para que sean válidas.

“Hay que evitarle ese trabajo a la PGR. Las resoluciones de la Auditoría deben ser tomadas por la PGR como procesos concluidos, deben de pasar simplemente a la solicitud de órdenes de aprehensión”, dijo.

El diputado panista Armando Rivera, indicó que lo que alienta que no se corrijan las irregularidades que detecta la Auditoría, es la impunidad, pues al no haber consecuencias legales los funcionarios que participan en la ejecución del gasto siguen incurriendo en las mismas faltas.