Se promovía como unabogado para estafar

Ken Paxton, procurador general de Texas.

McAllen, Tx.

Firme la Procuraduría General de Texas en el combate a las operaciones fuera de la ley de supuestos asesores legales de inmigración, a la vez que hace un llamado a la comunidad para que no caigan en manos de estafadores.

La acción más reciente del procurador general de Texas, Ken Paxton, fue la presentación de un dictamen final y orden judicial permanente en contra de Héctor Alfonso Sánchez, para que deje de proporcionar servicios legales sin autorización en Texas y le prohíbe también continuar promocionando dichos servicios a través de la Internet. 

Paxton señaló que como parte de la orden judicial permanente, el hombre tendrá que pagar restitución a los consumidores afectados, además de sanciones civiles y honorarios legales.

El dictamen final, surgió de una acción legal presentada por el estado en diciembre de 2014 en contra de Sánchez y la abogada Cheryl Boone Delgado, afirmando que infringieron la Ley de Texas Contra Prácticas Empresariales Engañosas, DTPA.

Sánchez se promovía como un abogado, cuando en realidad él no tiene autorización para ejercer Derecho en Estados Unidos. Adicionalmente, hizo representaciones en numerosas páginas de Internet, destacando que él era socio de un bufete Colombiano internacional con sucursales en Texas y Minnesota y que ofrecía una amplia variedad de servicios legales.

VISITABA CENTROS DE DETENCIÓN

Trabajaba como asistente legal de Boone Delgado, una abogada de inmigración con licencia en Texas. Según los documentos legales, Sánchez, con la autorización de Boone Delgado, viajaba a centros de detención de inmigración a lo largo del país para entrevistar a clientes y solicitar negocio, se presentaba como un abogado ante consumidores y aceptaba pago por servicios legales. Boone Delgado y Sánchez se dividían los honorarios.

En el dictamen final, a Sánchez se le prohíbe permanentemente hacer anuncios promocionales, realizar o aceptar dinero por servicios de asesoría de inmigración, pues bajo la ley federal, solamente abogados con licencia y organizaciones acreditadas por la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos pueden ofrecer servicios de asesoría de inmigración.