Matan a 109 periodistas en 15 años en Veracruz
La CNDH considera que el ejercicio de la libertad de expresión en México, enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años
Ciudad de México
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha registrado en todo el país 109 homicidios de periodistas desde el año 2000 al 31 de enero de 2016, así como 20 desapariciones desde el 2005, así como 515 quejas por agravios.
Según la CNDH, Veracruz es el estado que concentra la mayor cantidad de homicidios, con 14.6 por ciento de los casos, seguido de Tamaulipas, con el 11.9 por ciento, y Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, con 11 por ciento cada uno.
Veracruz también lidera, junto con Michoacán, los casos de desaparición de periodistas, con 20 por ciento de las denuncias cada uno.
Con estos datos, difundidos mediante la Recomendación general 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”, la CNDH considera que este derecho enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años.
En el documento, señala incluso que son los aparatos de Gobierno los que, por acción u omisión, amenazan el ejercicio de la libertad de expresión.
“(En México) han surgido inercias en los aparatos gubernamentales como respuesta a las susceptibilidades producidas por la crítica u opinión emitida desde la actividad periodística”, indica la recomendación general.
“Acciones u omisiones que amenazan el ejercicio pleno de la libertad de expresión, mismas que se traducen cada vez más en frecuentes violaciones a los derechos humanos que se realizan de forma directa e indirecta”.
La impunidad en los casos de agresiones a periodistas, agrega la CNDH, alcanza el 90 por ciento, pues las diligencias de las autoridades ministeriales no resultan idóneas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables.
“La omisión del Estado Mexicano se refleja en la ausencia de agencias del Ministerio Público especializadas en la persecución de delitos cometidos contra la libertad de expresión”, critica.
La recomendación general está dirigida a los titulares de la PGR, la Sedena y la Marina, así como a los Mandatarios estatales y de la Ciudad de México, al Comisionado Nacional de Seguridad y al presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
También está dirigida a los procuradores y fiscales Generales, a los Secretarios de Seguridad Pública de las entidades y a los Presidentes municipales y Jefes Delegacionales.
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