Proponen hacer ajustes en la reforma laboral

En conferencia de prensa para presentar el estudio “Por una mejor justicia laboral”, que analiza la experiencia del estado de Chihuahua, el director adjunto del IMCO, Manuel Molano Ruiz, recordó que las reformas estructurales “no son una pulserita mágica” y no darán resultados inmediatos.

Sin embargo, continuó, sí es posible agilizar la mejoría de los resultados, mediante reformas federales, pero sobre todo locales, porque 90 por ciento de los asuntos laborales se dirimen en los estados.

Reconoció también que pese a los cambios de 2012, persisten incentivos para malas prácticas tanto de abogados, como de empresas e incluso trabajadores, pues “en la justicia laboral es todavía frecuente que gane no quien tiene la razón, sino quien cuenta la mejor mentira”.

Por eso, luego de estudiar el caso de Chihuahua, donde ya la mayoría de los juicios laborales son orales y llevan sólo 88 días (merced a una modificación procesal importante), el IMCO planteó que todos los estados hagan cambios similares para “aterrizar” la reforma laboral federal.

Molano Ruiz propuso la creación de un seguro de desempleo que sustituya de forma paulatina a las indemnizaciones por despido; priorizar los acuerdos antes que los juicios; invertir en el mejoramiento de las salas donde se dirimen los asuntos laborales y pasar la justicia laboral al Poder Judicial.

Adelantó también que en una segunda fase de este estudio, un abogado del IMCO analizará las maneras de concentrar los procesos, facilitar la notificación electrónica y monitorear el quehacer de los actuarios para mejorar su eficiencia.

Hizo eco del caso de Chihuahua, donde mentir a la justicia laboral se ha convertido en delito penal que se sanciona con 36 horas de arresto inconmutable, con lo cual se pone fin a las mentiras que abundan en ese terreno.

En la misma presentación, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, explicó que al pasar la justicia laboral a los juicios orales se ha logrado hacer más eficientes los procedimientos, por lo que la Junta Federal de Conciliación en Hidalgo del Parral comenzará pronto a funcionar con ese mismo esquema, que ya se aplica en seis ciudades de Chihuahua para los asuntos laborales locales.

El mandatario estatal expuso que, entre otras cosas, con esto se evita que los abogados inescrupulosos alarguen artificialmente los asuntos para beneficio propio, o que los trabajadores lo hagan para obtener enormes cantidades de dinero en indemnizaciones.

Mediante estos esquemas se da más certeza a las empresas y más seguridad a los trabajadores y prueba de ello fue que el año pasado, las inversiones productivas en Chihuahua alcanzaron mil 600 millones de dólares y el nivel de empleo llegó a 700 mil personas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), agregó.

A su vez, el secretario del Trabajo de Chihuahua, Fidel Pérez Romero, entregó una propuesta al representante de USAID (la agencia de cooperación internacional para el desarrollo de Estados Unidos), para que con fondos de la Iniciativa Mérida, se financie lo que falta para modernizar la justicia laboral del estado. (México / Notimex)