Desairaron dinero para reubicación; Sedatu registró en febrero 617 municipios en riesgo

Desde febrero, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) identificó 617 municipios de 23 estados del país como en “índice global de riesgo, alto y muy alto” de padecer los estragos de fenómenos naturales.

De acuerdo con el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos de la Sedatu —cuyas reglas de operación fueron publicadas en febrero en el Diario Oficial de la Federación—, los municipios guerrerenses de Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez y Chilpancingo de los Bravo, entre otros afectados por las recientes lluvias, estaban identificados con ese tipo de alerta.

Dicho programa cuenta con 11 millones 900 mil pesos para cada municipio, a los cuales los gobiernos locales pudieron acceder para mitigar los efectos de los fenómenos perturbadores de origen natural, a través de estudios para la reubicación de asentamientos, entre otras acciones.

El informe Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013, realizado por El Colegio de México, indica que no hay registro de solicitudes de esos municipios en 18 estados, entre ellos Guerrero, para acceder a los fondos, como marca la ley.

Hasta el cierre de esta edición, la Sedatu no dio respuesta si alguno de los diez municipios de Guerrero clasificados con riesgo global alto y muy alto solicitaron recursos o, en su defecto, presentaron proyectos encaminados a prevención o mitigación de riesgos.

Ignoran recursos antidesastre

Con algún tipo de riesgo, 617 municipios.

Desde el inicio de la administración federal, los municipios guerrerenses de Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez y Chilpancingo de los Bravo, estaban identificados con un “índice global de riesgo, alto y muy alto”, de acuerdo con el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Dicho programa está encaminado a  mitigar los efectos de los fenómenos perturbadores de origen natural, a través de acciones y obras que reduzcan la vulnerabilidad de la población ante el impacto de desastres geológicos o hidrometeorológicos, y para lo cual se destinan recursos extraordinarios.

“La importancia del programa radica en crear y mantener una vinculación directa entre la Sedatu y las autoridades locales, para concientizarlas sobre la necesidad de trabajar en la reducción de riesgos, a través de acciones y obras para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo y promover la cultura de  prevención de desastres, así como incrementar la inversión en reducción y mitigación de riesgos.”

El programa se conceptualizó como una política pública a escala municipal, encaminada a evitar la ocupación del suelo en zonas no aptas para los asentamientos humanos y, por ende, evitar la ocurrencia de desastres”, detalla la misma Sedatu en las reglas de Operación del programa, publicadas en el Diario Oficial, en febrero pasado.

De esta manera, los municipios antes mencionados, además de Cutzamala de Pinzón, Zihuatanejo de Azueta, Ometepec, Petatlán, Pungarabato y Técpan de Galeana, podrían haber obtenido recursos extraordinarios para la elaboración, o en su caso actualización, de Atlas de Riesgos, elaboración de estudios para la identificación, evaluación, análisis de peligros, vulnerabilidad y riesgos, estudios para la reubicación de asentamientos humanos hacia zonas aptas y obras y acciones de mitigación de riesgos, así como cursos y talleres de prevención de desastres y acciones ecológicas con fines preventivos.

Sin embargo, Guerrero es una de las entidades del país que no había sido atendida por este programa, de acuerdo con el informe de Evaluación Específica de desempeño 2012-2013, llevada a cabo por El Colegio de México.

Hasta el cierre de edición, la Sedatu no dio respuesta si alguno de los diez municipios de Guerrero clasificados con riesgo global alto y muy alto solicitaron recursos o, en su defecto, presentaron proyectos encaminados a prevención o mitigación de riesgos.

Los montos de los recursos aportados, en su mayoría por el gobierno federal  en más de un 60%, ascienden a once millones 900 mil pesos, a los cuales los municipios pueden acceder a través de la aprobación de criterios y requisitos  de elegibilidad de proyectos.

En total, la Sedatu tiene identificados a 617 municipios en este tipo de situaciones, en 23 estados del país, ya que por las características geográficas que presenta el territorio nacional, éste se encuentra expuesto a la ocurrencia de fenómenos naturales, situación que provoca que más de 90 millones de habitantes en el país  residan en zonas de riesgo, de los cuales cerca del 70% habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el resto, 20.5%, lo hace en zonas rurales.

“Actualmente, existe una desvinculación de la planeación territorial y las políticas para la prevención del riesgo, lo que ha propiciado la expansión de los asentamientos humanos hacia zonas no aptas. Lo anterior, aunado al aumento de fenómenos relacionados con el cambio climático, la problemática en el manejo de las cuencas hidrológicas, el deterioro ambiental, la marginación y la insuficiente cultura de prevención y mitigación, entre otros, conlleva a desastres cada vez más devastadores, tal como los que se han presentado en las últimas décadas.”

Aunado a esto, de acuerdo con el Primer Informe de Gobierno, se promovió el fortalecimiento de las normas existentes en materia de asentamientos humanos en zonas de riesgo, para prevenir la ocurrencia de daños tanto humanos como materiales evitables. (CIUDAD DE MÉXICO / Excélsior)