Frenan productos avícolas de Brasil

México

México se suma a las suspensiones cautelares de compras de carne procedente de Brasil. Un día después de que la Unión Europea, China, Chile y Corea del Sur cancelasen todas las adquisiciones de carne brasileña tras revelarse sospechas de cortes adulterados para consumo humano en 21 empresas del sector, las autoridades mexicanas han seguido sus pasos “en apego a las regulaciones internacionales y para proteger a los consumidores nacionales”. México no importa carne de res ni de cerdo, únicamente productos avícolas como carne refrigerada, congelada y deshidratada de pollo y pavo, huevo fértil, aves canoras, de ornato y rapaces, por lo que serán estos productos los que verán prohibida su entrada en el país.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria mantendrá estas restricciones “de manera precautoria” hasta que la autoridad sanitaria brasileña “ofrezca evidencias científicas y garantías suficientes de sanidad, calidad e inocuidad de sus cárnicos”. En un comunicado, el organismo –dependiente del Gobierno mexicano– ha informado de que ha solicitado a sus homólogos brasileños “aclarar la situación respecto a adulteración de la carne”, así como un informe oficial completo respecto a las medidas que se están aplicando para extinguir el riesgo de que plantas avícolas que exportan a México envíen cárnicos adulterados.

Asimismo, el país norteamericano ha pedido los resultados del programa de vigilancia de salmonela (una bacteria presente en algunos lotes de carne brasileña interceptados) tanto de 2016 como de los dos primeros meses de este año. “Una vez que se cuente con la información requerida los técnicos mexicanos valorarán si existe el riesgo para los consumidores nacionales”, añaden las autoridades del país norteamericano.

Las sospechas sobre el estado de algunos lotes de carne bovina brasileña empezaron el pasado viernes, cuando la Policía Federal brasileña puso en marcha una enorme operación para desmantelar una trama de corrupción que involucraba a empresas procesadoras e inspectores agropecuarios del Ministerio de Agricultura y que autorizaba la comercialización de productos que no cumplían las normas de calidad. Más de 30 personas han sido detenidas y tres de los 21 frigoríficos investigados han sido clausurados temporalmente.