El gobierno mexicano sí apoya a los narcos

–Segunda y última parte–

Gustavo Ávila Vázquez reveló que Beltrán Leyva había recibido desde 1994 –año en que se inició el programa– y hasta esa fecha la cantidad de 314 mil pesos.

Por su parte, a Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, hermanos del líder del Cártel de Sinaloa, se les habían entregado 376 mil pesos como apoyo para trabajar sus tierras.

Nada volvió a pasar 

Fue hasta febrero de 2010 cuando el entonces titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, anunció que habían comenzado una depuración de Procampo para evitar que los recursos de entregaran a narco productores agrícolas.

Pero la medida no fue efectiva. Nunca se detectó que Griselda López Pérez, exesposa de Joaquín Guzmán Loera, también boletinada por el Departamento del Tesoro, recibió dinero del gobierno federal. Durante 14 años, de 1999 a 2012, la mujer recibió puntualmente sus 76 mil pesos anuales para estimular la siembra de sorgo. 

La paradoja es que en mayo de 2010 la compañera de El Chapo fue detenida en Culiacán y trasladada a la Ciudad de México para declarar. 

La PGR informó que “se presentó a Griselda López Pérez o Karla Pérez Rojo, quien después de rendir declaración ante el agente del ministerio público, se retiró con las reservas de ley”.

Siete años después de develar los apoyos federales a los narcotraficantes, Nora Ruvalcaba considera inadmisible que continúen y se hayan diversificado. “Eso habla de la colusión del crimen organizado con las autoridades, del reparto de plazas y de la inclusión de todas las bandas criminales que hay en el país en estos apoyos”, insiste ahora en entrevista con Emeequis.

La exlegisladora cuenta que en 2007 cuando ella y sus colaboradores revisaron el padrón de beneficiarios de los últimos 15 años, pronto comenzaron a detectar apellidos conocidos. Tras la inspección encontraron que un buen porcentaje de Procampo estaba destinado a apoyar a criminales y sus familias. “No es posible que las autoridades no detecten nombres tan conocidos”.

Ruvalcaba sugiere que estos apoyos pueden ser un pago de favores: “Es un secreto a voces que las campañas de muchos gobernantes han sido financiadas con dinero del crimen organizado. Es obvio que existen compromisos que se pagan cuando llegan al poder�.

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Es uno de los delincuentes más buscados en México y Estados Unidos. Lo buscan la PGR, el Cisen, la DEA y el FBI. Desde hace 40 años es considerado uno de los grandes capos. Es cierto: es el decano de todos ellos. Se llama Juan José Esparragoza Moreno y se le conoce por ‘‘El Azul’’, un sinaloense que hoy día representa al viejo reverenciado por su tribu. 

Desde que en 1993 salió de una de las tres ocasiones en que purgó una condena por narcotráfico, lo buscan las autoridades. Sigue vivo y libre por más esfuerzos que ha hecho la inteligencia civil y militar por ubicar su paradero y cumplir con las órdenes de aprehensión que existen. Todo ha sido en vano. 

Quizá ni el Cisen ni el ejército se habrían frustrado tanto si hubiesen hecho una llamada al ingeniero Raúl Antonio Iglesias Benítez, un funcionario público que en 2008 cobraba como director general del organismo de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

Con ese título tan largo como soterrado en la burocracia del estado, tuvo el poder para conceder una concesión de uso de aguas nacionales a nombre de… Juan José Esparragoza Moreno y de su esposa María Guadalupe Gastélum Payán. 

 Así es. Ese funcionario medio de Conagua le dio a ‘‘El Azul’ el título de concesión número 12AMOC08 para “explotar, usar o aprovechar” aguas nacionales por un volumen de 180 millones de litros al año, extraídos del acuífero Toluquilla, de la cuenca Río Santiago-Guadalajara.

Para darse una idea de qué tanto implica ese volumen podría decirse que con esa cantidad de líquido podría abastecerse casi un mes a los dos millones de habitantes de Gambia, uno de los países que menos agua disponible tienen en todo el planeta.

El título de concesión se expidió en Guadalajara el día 15 de octubre de 2008 y se inscribió en el Registro Público de Derechos de Agua poco más de un mes después. 

La concesión vence en 2008 y, a su término, ‘‘El Azul’’ y su esposa habrán extraído mil 800 millones de litros de agua.

‘‘El Azul’’ no era un hombre desconocido ni en Jalisco, ni en Sinaloa, ni en el DF ni en Washington. 

Ha habido reportes de inteligencia al por mayor sobre él y su círculo familiar y de operadores desde hace décadas, pero obtuvo su título de concesión para el uso agrícola de las aguas nacionales, mismo que aún se encuentra vigente.

En uno de los más recientes reportes elaborados por el Departamento del Tesoro de EU, con fecha 24 de julio de 2012, se acusó a una de sus esposas, María Guadalupe Gastélum Payán, la cotitular de la concesión entrega por Conagua, de poseer propiedades en nombre del narcotraficante. 

En el comunicado, se señala que ‘‘El Azul’’ ha utilizado el producto de su participación en el tráfico de narcóticos para construir una gran red de negocios que incluyen un complejo de viviendas, un centro comercial y un parque industrial.

Estos negocios son operados por miembros de su red, incluyendo su familia. Gastélum Payán, de 65 años de edad, dice el documento, posee propiedades en Tlajomulco de Zúñiga, municipio cercano a Guadalajara, en nombre de Esparragoza Moreno.

Además, ella y sus hijos desarrollaron una comunidad residencial llamada Provenza Residencial, un centro comercial llamado Provenza Center  y un parque nombrado La Tijera.

Además, Emeequis obtuvo documentos que muestran que el gobierno municipal de Tlajomulco le otorgó a Gastélum Payán, primero, una licencia de construcción y, posteriormente, un certificado de habitabilidad para las bodegas de almacenamiento que edificó en el fraccionamiento La Tijera. 

Además, la Cooperativa Avestruz Cuemir, también ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, y boletinada por el Departamento del Tesoro en febrero de 2014 como parte de la red de lavado de ‘‘El Azul’’, recibió 2 millones y medio de pesos como parte del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura de la Sagarpa, según el padrón difundido por la dependencia en diciembre de 2011.

La empresa, que se dedica a la cría de avestruces, en 2009 ya había recibido otro apoyo de la Sagarpa, pero en esa ocasión del Componente de Apoyo al Fondo Nacional de Garantías (Fonaga) por una cantidad de 83 mil pesos.

Y la PGR, mientras tanto, ofrece 30 millones de pesos a quien aporte información para la captura de ‘‘El Azul’’.

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La entonces procuradora Marisela Morales publicó en septiembre de 2011 un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación: ofrecía una recompensa de hasta tres millones de pesos a quien diera información que ayudara a localizar y capturar al sinaloense Manuel Torres Félix, El Ondeado o M1, jefe de seguridad y pistoleros de ‘‘El Mayo’’ Zambada.

Estaba en la lista de los 10 delincuentes más buscados por las autoridades mexicanas, luego de que las autoridades de Estados Unidos lo incluyeran como parte de la red de operadores de primer nivel de ‘‘El Mayo’’.

Quizá hubiese bastado que la procuradora hiciera una llamada y solicitara al titular de la Sagarpa que le proporcionara la dirección que registró el narcotraficante nacido en el municipio de Cosalá, Sinaloa, cuando se inscribió como beneficiario de Procampo.

Torres Félix recibió recursos federales de 1995  a 1997 y de 2002 hasta octubre de 2012, cuando fue abatido por elementos del ejército en la sindicatura de Quilá, en Sinaloa.

Pero no era el único que aparecía en el listado de los más buscados y que a la vez estaba inscrito en algún padrón federal como beneficiario de apoyos o concesiones.

Jesús Alfredo Salazar Ramírez, por quien se ofrecían dos millones de pesos como recompensa en el mismo acuerdo, un hombre considerado por la PGR como operador del Cártel de Sinaloa en Sonora y Chihuahua, detentaba desde el año 2000 una concesión de aguas nacionales entregada por la Conagua.

Su padre, Adán Salazar Zamorano, acusado de ser otro de los operadores de ‘‘El Chapo’’ Guzmán, también ha sido beneficiado por la Conagua: cuenta desde 1996 con una concesión de aguas nacionales para uso agrícola que vence en 2016. Diez años de usufructuar con el aval del Estado un bien nacional. 

Don Adán, como se le conoce, fue detenido el 12 de febrero de 2011 por policías federales en Querétaro y en junio de 2012 el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición. 

De hecho, en su informe de gobierno de 2011, el ex presidente Calderón, destacó su aprehensión como parte de los logros de su Estrategia Nacional de Seguridad.

El capo, que operaba en Sonora y que fue acusado de haber lavado más de 15 millones de pesos, fue absuelto por un tribunal federal en noviembre del año pasado, ya que, según el juez, presentó documentos para comprobar que su actividad económica era la ganadería. 

Entre ellos, podría haber estado su título de concesión para el uso de aguas nacionales. 

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Llegaba el final de 1995 y un joven funcionario de la Dirección de Alcoholes del Gobierno de Sinaloa tramitaba ante la Sagarpa un apoyo para seis hectáreas de siembra. A la par, el hombre que después se haría llamar ‘‘El Licenciado’’ buscaba un nuevo empleo.

Así, a principios de enero de1996, Dámaso López Núñez presentó su currículum a la Coordinación de Centros Federales porque buscaba convertirse en funcionario penitenciario. 

El 1 de marzo de 1999 —después de trabajar tres años en Morelos— llegó hasta el penal de Puente Grande, en Jalisco, como subdirector de seguridad. Ahí comenzó a otorgar una serie de privilegios a Joaquín Guzmán Loera y a sus aliados, como Luis Héctor ‘‘El Güero’’ Palma y Arturo Martínez Herrera. Poco a poco afianzó su relación con el capo sinaloense.

El 30 de septiembre de 2000 renunció a su cargo, pero siguió visitando a ‘‘El Chapo’’, hasta que el 19 de enero de 2001 éste logró escapar del penal federal con ayuda de López Núñez y otros funcionarios penitenciarios.

A sus 34 años –en ese entonces— ‘‘El Licenciado’’ se convirtió en una de las personas más cercanas a Guzmán Loera. Actualmente es una de las piezas claves en el Cártel de Sinaloa.

Aunque se le dictó orden de aprehensión por el delito de evasión de preso y cohecho, nunca pisó la cárcel, ya que el ilícito prescribió y el 20 de abril de 2010 se sobreseyó la causa penal donde estaba implicado.

En esos años de enfrentar acusaciones turbulentas en México y mientras Estados Unidos comenzaba a tenerlo en la mira por sus actividades delictivas dentro del Cártel de Sinaloa, López Núñez continuaba dedicándose a sus tierras.

Al menos eso es lo que dijo a la Sagarpa, pues la secretaría le otorgó subsidios federales del Procampo durante 16 años (de 1995 a 2011). En ese lapso le entregó cerca de 300 mil pesos para sus cultivos. 

Además, durante 10 años –de 1997 a 2007— contó con una concesión de la Comisión Nacional del Agua para el usufructo de aguas nacionales con fines agrícolas.

Mientras en México quedó absuelto por la fuga del narcotraficante más buscado y recibió subsidios para sus actividades agrícolas, en Estados Unidos desde noviembre de 2011 enfrenta una acusación en Virginia por lavado de dinero y distribución de cocaína. Dos años después, en septiembre de 2013 el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista negra.

Su hijo, Dámaso López Serrano, apodado ‘‘El Mini Lic’’, y a quien en diversos corridos se le menciona como ahijado de ‘‘El Chapo’’ Guzmán, también recibió apoyos de Procampo, pero sólo en 2010 y 2011.

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De acuerdo con los registros consultados y obtenidos por emeequis, prácticamente no hay cártel de las drogas en México cuyos integrantes, en mayor o menor medida, hayan recibido concesiones o apoyos del gobierno federal. 

Para Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM y experto en temas de seguridad nacional, área sobre la cual ha dado clases en el Center for Hemisferic Defense Studies de EU, el Centro de Estudios Superiores Navales o el Colegio de la Defensa Nacional, la información obtenida por emeequis revela una gran incongruencia: el gobierno federal mantiene un enérgico discurso contra el narcotráfico y, por otra parte, entrega a los líderes de los cárteles y sus familias apoyos oficiales.

“Por qué no se cortan esos apoyos a los familiares. Es un hecho que el gobierno lo sabe. Eso habla de la falsedad de la guerra contra el narco que se inició con el gobierno de Calderón. Por un lado, se hablaba de eso y, por otro, recibían apoyos federales, muchos de los cuales son utilizados para facilitar sus operaciones delictivas, como en el caso del permiso del aeródromo (de ‘El Mayo’)”, cuestiona Benítez Manaut.

Tendría que ser la Secretaría de Hacienda, dice el investigador, la encargada de verificar la información financiera de los miembros del narco y sus familias. “Ellos tienen esta información, pero no quieren pasar a la limpia de las actividades de lavado de dinero”.

Pero no quieren, destaca el presidente del Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, un grupo de expertos sobre este tema. “Este doble discurso se debe al miedo de develar la red de corrupción dentro del mismo gobierno que ha permitido que los líderes del narcotráfico en México reciban apoyos y subsidios federales”.

“Cuando el Departamento del Tesoro hace algo, boletina a una persona, su correlativo en México es la Secretaría de Hacienda, que tendría que investigar muchos de estos asuntos, pero no lo hacen porque puede que haya muchos funcionarios públicos implicados”. 

Mientras, ellos siguen disfrutando de sus subsidios y su concesiones.