Dan 52 años de cárcel a general por tortura y asesinato
La sentencia sacude al Ejército, bajo los focos de la crítica por sus reiterados episodios de abusos
Una protesta en Veracruz por la explosión con víctimas de una planta petroquímica. (EFE).
Ciudad de México.
El general mexicano Manuel Moreno Aviña ha sido condenado a 52 años de cárcel por la tortura, asesinato e inhumación clandestina de un civil en 2008. La sentencia llega dos semanas después de que saliera a la luz otro caso de abusos (un vídeo en el que dos militares torturaban a una mujer) y de la inédita reacción de autocrítica del número uno del Ejército, el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, que en un acto público ante 26.000 soldados calificó aquel episodio de "repugnante, lamentable y deplorable" y lanzó una advertencia a su propia institución: "Quienes actúan como delincuentes (...) no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas".
El caso de Moreno Aviña, excomandante del cuartel de Ojinaga (Estado de Chihuahua, norte de México), detenido en 2009, sobrepasa el concepto de la delincuencia común. Bajo su responsabilidad el 25 de julio de 2008 el veinteañero José Heriberto Rojas, supuesto miembro del crimen organizado, fue detenido y conducido a sus instalaciones militares. Allí empezó la tortura, empapándolo para darle descargas eléctricas mientras lo tenían maniatado. A fuerza de sacudidas la víctima acabó colapsando y murió de un ataque al corazón. El paso siguiente de la macabra acción militar fue hacer desaparecer el delito llevando el cadáver a un rancho de nombre La Virulenta para, al modo de los narcos más crudos, quemarlo hasta hacerlo ceniza.
La víctima murió de un ataque al corazón mientras le daban descargas eléctricas
Según el expediente los militares torturaron a Rojas para intentar sacarle información sobre el asesinato de un soldado. El uso irregular de la fuerza fue sistemático en los dos años que el general estuvo al frente de la guarnición.
La sentencia obliga al culpable y a la propia Secretaría de la Defensa a pagar 250.000 pesos (14.500 dólares) a los familiares de la víctima. El Ejército, además, tendrá que hacer una disculpa pública en la que asuma su responsabilidad institucional.
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