Cd. de México
En México no existe hasta ahora ninguna denuncia por tráfico de órganos, señaló José Salvador Aburto Morales, director del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).
Luego de que un funcionario de la Interpol México señalara que existe tráfico de órganos asociado a los problemas de impunidad y pobreza, el funcionario aseguró que esta práctica ilícita “no se aterriza” a la realidad del País.
“Es una información global, no tiene alcance en México. La Interpol vigila a nivel internacional y son hechos que pueden tratarse a nivel global”, afirmó en entrevista.
Aburto planteó que las instancias dedicadas a prevenir y velar porque esto no suceda son el Cenatra, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría General de la República (PGR), y hasta ahora, insistió, no tienen ninguna denuncia relacionada con el tema.
“Se interpreta que esto está pasando en México, pero no es así, porque existen candados en toda la cadena de donación y trasplantes para que esto no suceda”, detalló.
Sin embargo, adelantó que este primer semestre del año concretarán un acuerdo con la PGR y Cofepris hacia la formación de un frente común contra la trata de personas y el tráfico de órganos, con el fin de darle mayor viabilidad al fortalecimiento de los controles.
La estructura del país está diseñada para evitar que esto suceda, aseveró.
En el proceso, explicó, el primer responsable es el Comité de trasplantes, conformado por médicos, que son el primer mecanismo para prevenir que suceda el tráfico, a través de los comités de cada hospital.
Después, la solicitud es transferida a los centros estatales, operados mediante el Gobierno estatal; el siguiente eslabón lo conforman el Cenatra y la Cofepris.
Aburto Morales informó que la Ley General de Salud es muy clara en establecer que el comercio de órganos está penado, por lo que existen organismos, estructuras e instituciones dedicadas a prevenir que suceda.
Reconoció que en el momento en el que se pueda demostrar una práctica de este tipo el personal de salud se hace acreedor a una suspensión de la actividad profesional y cárcel por más de diez años.
Las sanciones se dividen en irregularidades o faltas administrativas o sanitarias, y si interviene trata de personas con fines de tráfico de órganos, le compete a la PGR; en esos casos, el tiempo de prisión va hasta los diez años.
“Durante este primer trimestre del año, concretaremos el convenio entre todas las instancias”, aseguró.