Autoridades de Tamaulipas informaron que se investigan los probables nexos con el narco de dirigentes en Reynosa del Sindicato de Transportistas de Materiales de Construcción de la Confederación de Trabajadores de México.
Ramiro Leal Barrera, secretario general del gremio, es señalado por presuntos vínculos que investiga la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, quien ha dado vista a la Procuraduría General de la República (PGR) por la presunción del delito de delincuencia organizada.
Testimonios recogidos por EL UNIVERSAL con empresarios señalan que esta situación la padecen desde hace cinco años y que por temor no se atreven a denunciar las relaciones con el narcotráfico.
Este diario posee copia de al menos una denuncia en la que los quejosos señalan el delito de “oposición a que se ejecute obra o trabajo público”, pero sin señalar los presuntos vínculos con el crimen organizado.
En octubre se difundió en YouTube un corrido dedicado a Ramiro Leal. De fondo hay una fotografía con un hombre armado. Se ensalzan sus virtudes como “hombre de agallas”. Se escucha la frase “cuídese el que lo traicione porque con con él hace brecha”.
Salvador Portillo, secretario de Organización de la CTM en Reynosa, dijo que continuamente se hacen “acusaciones al aire, sin pruebas” y que no tienen datos de acusaciones contra Leal.
El 6 de junio pasado, Leal Barrera tomó posesión como secretario general del Sindicato de Transportistas, en presencia de Reynaldo Garza Elizondo, el líder de la CTM en Reynosa.
Un empresario consultado dijo que unos 100 inversionistas son víctimas, y que al menos tres son los que han presentado denuncias ante la procuraduría estatal.
DEMANDA EL CONSTRUCTOR
Por suspensión de la obra pública. Luego del amago de huelga por parte de líderes cetemistas en los trabajos de ampliación de la carretera Ribereña Matamoros–Nuevo Laredo, el propietario de la constructora GOMIBA, los demandó por suspender una obra pública, lo cual –advirtió– es un delito federal.
Entrevistado vía telefónica, el empresario Manuel Gómez Naranjo abordó la problemática con el sindicato de transportistas de la CTM, que tiene asignada una obra municipal que consta de mil 400 metros de longitud, con siete metros de ancho.
Esta obra es la ampliación de la carretera Ribereña y está ubicada entre las calles Josefina Menchaca y la calle Central y aunque es una obra municipal, se realiza con recursos federales, precisó Gómez Naranjo.
Para realizar la ampliación, la constructora formalizó un contrato con el gremio de transportistas de la CTM que encabeza Ricardo Salazar y en ese contrato quedaron pactados los precios del transporte de la siguiente manera: 95 pesos el metro cúbico de caliche y 160 pesos el metro cúbico de base hidráulica, por tonelada.
Gómez Naranjo aclaró que el problema empezó porque el gremio de transportistas tiene un conflicto interno, donde prevalece una división entre líderes y los que comandan el emplazamiento a huelga son los secretarios Ramiro Leal y Francisco Jiménez, quienes están desconociendo en el contrato entre la constructora y Ricardo Salazar, imponiendo un incremento en el precio de traslado de 120 pesos el metro cúbico de caliche y 230 pesos por tonelada de base hidráulica.
Todo ello, dijo el constructor, sin un previo análisis técnico, únicamente a su libre arbitrio y sin considerar el trato anterior. (Por Juan Arvizu).
AUMENTAN A LA BRAVA
Afectan desarrollo de obra.
El incremento en los precios significa un aumento del 26 por ciento en el caliche y de 43 por ciento en la base hidráulica.
Estos precios tratan de ser impuestos de manera arbitraria, con amago de huelgas, plantones, dirigidos al empresario para que acepte sus tarifas, lo que podría calificarse como una extorsión simulada
Los jefes del sindicato, por medio de intermediarios, amenazan de muerte a los trabajadores de Ricardo Salazar, quien tiene el trato con el empresario.