El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, logró su primer triunfo judicial desde que cayó preso en Italia. Ayer, la Sexta Sección Penal de la Corte Suprema italiana determinó anular la sentencia a favor de la extradición a México y aprobó la solicitud de Estados Unidos de América (EUA).
Ahora, el destino del matamorense depende del ministro de justicia italiano Andrea Orlando. El secretario puede autorizar el envío inmediato o esperar a que el Tribunal de Apelaciones de Florencia evalue por segunda ocasión el pedido de extradición mexicano. Desde enero, la atención de Andrea Orlando se centra en la campaña electoral del Partido Demócrata.
En su postura de rechazo a la solicitud mexicana, la fiscalía general italiana consideró el riesgo de tortura, la situación carcelaria o la posibilidad de que sean violados los derechos humanos del presunto responsable de delitos contra la salud relacionado con presuntos vínulos con el Cártel del Golfo y los Zetas, peculado y lavado de dinero a nivel federal y estatal.
El matamorense fue aprehendido el 9 de abril de 2017 en Florencia. Las autoridades italianas informaron que el político vivió en Paola, una localidad en la sureña región de Calabria. Aunque no precisaron el tiempo de residencia, sí descubrieron que se movió con una identidad falsa por Europa.
UN DÍA A FAVOR
El futuro de Yarrington estuvo en entredicho debido a la nevada que cayó a primera hora en Roma. Los magistrados no podían llegar a las oficinas, reportaron medios europeos. Pasada la media mañana, la audiencia comenzó con el abogado defensor, Luca Marafioti, quien presentó dos recursos contra los pedidos estadounidense y mexicano.
A puerta cerrada, el defensor de Yarrington expuso dos actas notariales para sustentar el rechazo a la extradición a México. Marafioti señaló que parte de los testigos que declararon contra su defendido fueron torturados u obligados a firmar hojas en blanco, donde posteriormente apareció una narración señalando al matamorense. Los magistrados tomaron nota y deliberaron durante la tarde.
Por la noche, la Corte Suprema anunció la decisión de anular la sentencia del Tribunal de Florencia respecto al pedido hecho por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. “La Corte de Casación ha considerado, en cambio, infundado el recurso de Yarrington sobre la demanda de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos de América”, confirmó.
Los magistrados de la Sexta Sección Penal enviarán el expediente enviado por el gobierno mexicano y las actas presentadas por el abogado Marafioti a la Corte de Apelaciones de Florencia para una segunda evaluación, con énfasis en los puntos que la defensa puso en la mesa.
Luca Marafioti celebró la resolución y, consideró, el exgobernador permanecerá preso en Italia. Además, comentó, esperará la publicación de las motivaciones de la sentencia de la Corte Suprema para alistar el nuevo paso en el plan contra la extradición.
“Imaginamos que la anulación del pedido de extradición mexicano se dio por alguno de los motivos que nosotros presentamos, como la temática de la tortura o la temática de la pena o la temática de la injusticia del proceso”, explicó.
Un factor externo que mencionó el abogado es el proceso electoral del próximo domingo en Italia. El cambio del Poder Ejecutivo podría suspender o acelerar el viaje del tamaulipeco a territorio estadounidense.
“Nosotros pedimos la anulación tanto de la decisión sobre el pedido de extradición presentado por México, como la anulación de la decisión de la Corte de Apelaciones de Florencia sobre la extradición a favor de Estados Unidos”, dijo.
Tomás Yarrington, por medio de su equipo legal, manifestó que existe riesgo de que sus garantías básicas no sean respetadas.“Hay casos bien conocidos en los que Estados Unidos no ha respetado el criterio base y ha extraditado ciudadanos a países a lo que no debía haberlo hecho. Según nosotros el caso Yarrington presenta gravísimas violaciones jurídicas, por lo que insistimos por la anulación (de la autorización a la extradición)”, reiteró.
Los gobiernos de México y Estados Unidos pactaron que, en caso de aprobarse la extradición, el exgobernador vaya a la Corte Federal del Distrito Sur de Texas. Allí se le responsabiliza de ocho cargos de delincuencia organizada, lavado, narcotráfico y fraude bancario.