En México hay 6 mil 725 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, alertó la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Ello implica que 3 de cada 10 personas desaparecidas en el país son menores de edad, informó el organismo con base en cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
La cifra más preocupante es aquella de las desapariciones de adolescentes entre 15 y 17 años, donde siete de cada 10 desaparecidos es una mujer.
A nivel nacional, las desapariciones se concentran en los municipios de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tijuana, afirmó en conferencia de prensa Alicia Vargas, presidenta del consejo directivo de la Red.
Entre las causas de desaparición, la Red enumeró la trata de personas y el noviazgo forzado con miembros del crimen organizado.
Entre 2012 y 2014, indicó, se agudizó la desaparición de niñas y adolescentes: los casos de las menores se incrementaron en 191.8 por ciento, mientras que los de varones aumentaron 14.7.
‘‘Hubieron mil 179 niñas y adolescentes desaparecidas, y 665 varones desaparecidos (en 2014). Esta es la cifra histórica más elevada para dicho grupo etario (de 0 a 17 años) desde 2006’’, advirtió.
En entidades como Campeche y Tabasco, 6 de cada 10 desaparecidos son infantes.
Por su parte, la desaparición de mujeres tuvo mayor prevalencia en los estados de Baja California, Tamaulipas, Guanajuato y Puebla.
Ante el aumento de casos, Pérez urgió a incluir un capítulo específico de niñas, niños y adolescentes en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.
‘‘Uno de los problemas es a la hora de denunciar la desaparición, porque inmediatamente la respuesta es que se fue con el novio. En algunos casos, como en el Estado de México, se sugiere a las mamás buscarlas en los hoteles de la zona’’, explicó.
‘‘Si había conflicto de pareja, donde mamá y papá estaba peleados, dicen que se lo robó uno de ellos. Hay una predisposición a cerrar los casos sin que se cumpla un protocolo. Queremos que no sea el prejuicio de un funcionario lo que decida si se inicia la búsqueda inmediata’’, indicó.