Ayer tras rendir su declaración preparatoria, en el juzgado segundo penal, María Origel a través del defensor público solicitó la libertad caucional, porque tiene derecho a ese beneficio.
Pero las esperanzas de conseguir su liberación, se desvanecieron una vez que escuchó la cifra de 65 mil pesos.
“Jamás podré reunir ese dinero. Sólo me basta esperar a que me resuelvan mi situación en el término ó definitivamente quedará resignada a pasar el tiempo que me impongan como sentencia”, dijo la esposa de Jesús Román Salazar Castillo, quien se encuentra ya en el Centro de Ejecución de Sanciones, formalmente preso en uno de los dos procesos penales que se le instruye, el más grave: por violación equiparada.
La elevada fianza que le impuso la juez a la mujer, fue para garantizar el pago de la reparación del daño, puesto que la menor tiene que ser sometida a tratamientos especiales por la gravedad de las lesiones, tanto físicas como sicológicas. (Por Antonio Ramírez / antonio.ramirez@latarde.com.mx)